Entre la madrugada del viernes y la de este sábado, los diputados y senadores del Frente de Todos celebraron la aprobación de su “emergencia económica” y social. Como todo el oficialismo, asumen que servirá para encaminar las contradicciones explosivas de la actual transición. El remedio de emergencia, sin embargo, deja más cabos sueltos de los que pretende anudar.
El paquete votado, en resumidas cuentas, constituye la apropiación, en moneda nacional, de unos 8.000 a 10.000 millones de dólares, la mitad de los cuales derivan de la interrupción del ajuste de las jubilaciones por inflación, y la otra mitad de diversos impuestos a los ingresos (retenciones a la exportación agroindustrial), a los gastos (consumos en el exterior y extracción de divisas) y al patrimonio (bienes personales. Se cobrarán, sin embargo, menos impuestos a los combustibles y a los servicios, como consecuencia del congelamiento de tarifas, en tanto que las retenciones a las exportaciones mineras y petroleras disminuyen en vez de aumentar, lo mismo que a las industriales, con algunas excepciones.
En la rosca parlamentaria aparecieron las ´compensaciones especiales´ a pequeños productores y cooperativas, siempre de cumplimiento intrincado, que acabarán ‘transferidas’ a grandes acopiadores y exportadores agrarios. El cepo no es el de antaño, porque ahora las multinacionales podrán girar utilidades y dividendos al exterior (y meter en la bolsa varios ‘rubros’ más) al tipo de cambio oficial. Después de todo, el oficialismo ha dicho que buscaría sortear la ausencia de financiamiento del exterior por medio de fideicomisos ‘off shore’, al que deberían ir los aportes y los rendimientos de los eventuales inversores.
En el caso de las jubilaciones, el oficialismo retiró de la suspensión de ajuste jubilatorios a 250.000 docentes –nacionales, universitarios e investigadores, pero que no se privará de reintroducir por vía de los aumentos salariales no remunerativos, que no cuentan para el 82 u 85% móvil que rige para estos sectores. En cuestión de horas, los grupos de WhatsApp de sindicatos o agrupaciones docentes oficialistas, pasaron de ataques abrumadores de las bases, a colgar propaganda del Frente de Todos. El gobierno debió recular, sin esperar que tener que hacerlo como consecuencia de una movilización.
La “excepción” docente, sin embargo, dejó establecida una situación dispar con el resto de los trabajadores jubilados y, incluidos con los que cobran la mínima; los dos bonos de $5.000 son para tirar en el primer bimestre del año, y apenas emparejan con los que se negociaron con los asalariados. En cuanto a los salarios mismos, la emergencia ha reservado al gobierno la facultad de imponer aumentos de suma fija, o sea, sin aportes jubilatorios o de salud.
El paquete reposa en la expectativa de que el cepo, los congelamientos, las suspensiones de ajuste inflacionario y las retenciones sobre la exportación de materia prima alimentaria, reduzca el crecimiento de los precios. Para eso el estado deberá ejercer una capacidad de control que ha demostrado carecer, bajo la presión de los intereses capitalistas. Por otro lado, ha autorizado un alza del impuesto a los ingresos brutos, que se traslada a los precios. Lo mismo sucederá con la devaluación parcial aplicada a las compras del exterior. En Brasil hay un proceso devaluatorio un retiro masivo de capitales foráneos de la Bolsa, lo cual podría obligar a los Fernández a soltar el dólar frente al peso para resistir la competencia ultrafronteras.
La “desindexación” de jubilaciones y salarios constituye una confiscación de ingresos, que no podrá compensar ningún ajuste futuro que acompañe la tasa de inflación posterior. Martín Guzmán, el ministro progre y redistribucionista que los Fernández supieron conseguir, lo dijo con todas las letras – el ajuste establecido para las jubilaciones “es inflacionario”, y de lo que se trata es de “frenar la inflación”.
Deuda
Pero los límites de la emergencia oficial también son evidentes en el otro lado del mostrador. El gobierno acaba de prorrogar el ´reperfilamiento´ de todas las Letes en dólares, bajo legislación local –aquellas que Macri había pateado por cuatro meses- hasta agosto de 2020. La “emergencia” podrá aportarle pesos al gobierno nacional, pero todavía tienen que aparecer los dólares que puedan ser comprados con esos pesos. Guzmán afirmó esta semana que la garantía para reanudar el pago de la deuda es “que Argentina genere dólares”. En las reuniones informales con el FMI, el gobierno habría prometido mantener el superávit de 1.500 millones de dólares mensuales de balanza comercial. Pero nadie ignora que ese saldo favorable se ha cosechado en base al derrumbe de las importaciones, o sea, de la recesión. Esta “generación de dólares”- condena cualquier posibilidad de reactivación y, por lo tanto, de subir la recaudación de impuestos por la vía de una mayor actividad.
Fin de año movido
La emergencia deja otra conclusión de fondo: la política oficial, que pretende la ´armonía social´, termina siendo un acicate para el choque y la movilización de todas las clases sociales, y en primer lugar de los explotados. Las “emergencias económicas” provinciales, con medidas de ajuste sobre los gastos sociales, han desatado movilizaciones y crisis políticas prematuras en varios gobiernos, como ocurre con Capitanich en el Chaco. Mientras se desarrollaba la sesión de Diputados, los ferroviarios del Roca volvían a cortar las vías contra el despido de tercerizados.
F F han pactado con los gobernadores de las provincias mineras remover los obstáculos legales para el avance de la minería a cielo abierto- junto con Vaca Muerta. Este pacto terminó fracturando al macrismo en Diputados, cuando los radicales Cornejo y Morales reclamaron el quórum para la “emergencia”, demostrando, de paso, que el macrismo es un cadáver político. Pero al mismo tiempo, se han desatado movilizaciones antimineras en Mendoza, y lo mismo se anticipa para las principales ciudades de Chubut.
La transición recién comienza.
