Escribe Samuel Huerga.

Más de un centenar de vecinos el barrio Libertad, Caballito y 200 años se movilizaron este viernes 19 de Agosto al Concejo Deliberante de la ciudad de Orán, para apoyar el proyecto de expropiación presentado por el bloque obrero y socialista del MST en el FIT-U. Este proyecto tiene como finalidad la expropiación de 10 hectáreas de la empresa norteamericana Seaboard Corporation, con el fin de establecer su utilidad pública para la realización de loteos sociales con servicios básicos, atendiendo la grave crisis de demanda habitacional.

Gracias a la masiva presencia de las familias en el recinto legislativo es que se logró la aprobación de la iniciativa. Los vecinos tuvieron la posibilidad de expresarse en un cuarto intermedio de la sesión, solicitado por nuestra bancada. En ella expresaron: «somos conscientes que aquí comienza la primera batalla por la lucha de nuestro espacio para vivir, y para ello nos estamos organizando. Queremos que los concejales, el intendente y el gobernador sepan que no queremos un asentamiento dónde vamos a sufrir por la falta de agua luz y seguridad. Queremos que se expropien estas tierras y se establezca un loteo social con los servicios básicos elementales, tal cual lo pide el Concejal Samuel Huerga».

Finalmente, el proyecto fue aprobado ante la crisis de los bloques patronales qué se vieron superados políticamente por la movilización social y la agitación previa.

Enfrentar a la Seaboard Corporation

Seaboard Corporation Alimentos y Energías Renovables es una empresa norteamericana, que explota más de 50.000 hectáreas de cultivo de caña de azúcar para la producción de alcohol (bioetanol), azúcar y energía en el norte de la provincia de Salta. Monopoliza el uso del suelo, contamina el medio ambiente (agrotóxicos) y hace uso casi exclusivo de los afluentes del río San Andrés.

De forma ilegal, sus plantaciones llegan hasta el borde de los domicilios de las ciudades de Orán, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa y Urundel en el departamento de Orán.  Concretamente, no tienen forma estas ciudades de poder prosperar urbanísticamente si no existe la decisión política de expropiar las tierras de esta empresa norteamericana. Pero está claro que mucho de los legisladores e intendentes de la zona responden políticamente al gobierno de Sáenz, que a su vez está atado de forma directa a esta empresa. De hecho, recientemente la secretaria de Minería de Salta, Claudia Royón, se convirtió en funcionaria Nacional del gobierno de los Fernández y Massa.

Nuestro parte de prensa, semanas previas al tratamiento del proyecto indicaba: «No es posible que una empresa norteamericana monopolice el uso del suelo, mientras que tengamos familias oranenses hacinadas que no tienen un terreno donde desarrollar sus vidas”. Polémica que se desató en los medios de comunicación con gran apoyo popular.

La última vez que un legislador local enfrentó a la empresa norteamericana tuvo que soportar un lockout patronal por el cual se pedía su destitución. Fue el caso de Josefa Cardozo, reconocida dirigente social, por aquel entonces concejal (PO) y hoy incorporada a las filas del MST.

Las pocas tierras que quedan a la margen del Río Blanco para la producción de frutas y hortalizas pertenecen a comunidades campesinas originarias (Iguapengendå), que se enfrentaron físicamente ante el violento avance de dicha empresa.

Es el mismo camino que comienzan estas familias organizándose en varios frentes de lucha. Una vez aprobado en el Concejo Deliberante, como ya se logró, ahora sigue su debate en Diputados y Senadores.

Esto abre un campo de lucha parlamentaria, donde se tendrá que discutir con los legisladores provinciales afines al gobierno y la patronal norteamericana para la expropiación de las tierras. Para ello se utilizará el escenario de la movilización social con corte de ruta y marchas en la ciudad, para reclamar la aprobación de dicha iniciativa.

Nuestra bancada obrera y socialista ya impulsó a principio de año una acción similar junto a los vecinos del barrio Islas Malvinas, cuando se movilizaron al Concejo Deliberante por la expropiación de las tierras para el desarrollo comunitario del sector. Tierras que estaban en manos de un negocio inmobiliario que querían aprovechar los sectores ligados al poder y el narcotráfico. Como represalia, semanas después se me quiso destituir como concejal aludiendo pérfidas maniobras, las cuales no progresaron ante un significado respaldo social.

Hoy más que nunca, los trabajadores debemos organizarnos en las barriadas, poner en pie asambleas que exijan un plan de obras públicas, de acceso a la vivienda social, de planificación urbana y que se dispongan todos los fondos del Estado para garantizar la óptima calidad de vida de la población. Para ello hay que romper con FMI y luchar para que se vayan todos, para establecer un gobierno de los trabajadores.