Además de la condena, se ordenó el decomiso de $1.880.000 pesos y $10.705 dólares, producto de la actividad ilícita. También se impuso una sanción a un abogado defensor por incurrir en violencia de género, al referirse a dos auxiliares de la fiscalía.

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó el miércoles pasado al comandante de Gendarmería Nacional y ex jefe del Escuadrón 54, Aguaray, Alberto Marciano Páez, a la pena de 5 años y 6 meses de prisión por cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de contrabando de exportación, agravado por el número intervinientes y por su condición de miembro de una fuerza de seguridad, en calidad de autor y partícipe primario respectivamente.

Con idéntica calificación, el tribunal integrado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming (presidente) y Gabriela Catalano, condenaron al alférez Diego Radaelli y el sargento Rodolfo Ayala, quienes pertenecían al mismo escuadrón, a las penas de 4 años y 4 años y 2 meses de prisión, respectivamente.

En el caso de Alberto Martín Crosa, dueño de una finca ubicada en Aguaray, los jueces decidieron imponerle una condena de 5 años de prisión por considerarlo autor del delito de cohecho activo en concurso ideal con el del contrabando de exportación, en grado de autor.

En materia de decomiso, en tanto, dispusieron su aplicación a los celulares que fueron secuestrados, como así también de la suma de 1.880.000 pesos y 10.705 dólares, dinero que fue secuestrado en un allanamiento realizado en la finca del acusado. En cuanto a las medidas de coerción, el tribunal resolvió que los acusados, que llegaron bajo libertad provisoria, fijen domicilio de residencia y les impuso la prohibición de salir del país. Con respecto a los gendarmes, en tanto, también les prohibieron acercarse al Escuadrón 54 y a la base de esa fuerza en Salta.

Previamente, en el veredicto respecto a la responsabilidad penal de los cuatro acusados, el tribunal accedió al pedido del fiscal general Eduardo José Villalba de imponer una sanción a uno de los abogados defensores por incurrir en un hecho de violencia de género, al referirse de manera despectiva y sexista a dos auxiliares de la fiscalía.

Los jueces, que coincidieron ampliamente con el correctivo, impusieron la sanción y ordenaron que la misma sea notificada al Colegio de Abogados de Salta. Incluso, la jueza Catalano fundó la decisión y sugirió al letrado realizar la capacitación del caso establecida por la Ley Micaela.

De esta manera, y después de tres meses de audiencias (la primera se realizó el 19 de mayo pasado), el juicio concluyó con un saldo altamente positivo para la Unidad Fiscal Salta, ya que se trató de un debate inédito por la materia de los delitos imputados y la talla de los acusados.

Así era la modalidad delictiva

En una primera etapa, según lo explicado por el fiscal, la maniobra era dirigida por Ayala, quien tenía contacto con Rodrigo Torrico

, un contrabandista prófugo que era la cabeza visible de los transportistas que accedían al pago de coimas, siempre a cambio de favores que les permitan pasar con la carga hacia Bolivia.

Para ello, sumaron a Crosa, dueño de la finca ubicada en la ruta 54, kilómetro 79, cuyo fondo da a territorio boliviano. La empresa delictiva, desde diciembre de 2021 se perfeccionó aún más, cuando Páez entró en acción y acordó con el finquero nuevos términos, como la imposición de una franja horaria para el paso ilegal de los camiones, en el cual Radaelli ejercía una función de supervisión.

Explicó que el paso ilegal de los camiones era vox populi en Salvador Mazza y Aguaray. "Hasta los medios de prensa lo dieron a conocer".

Para mayor abundancia, recordó que la misma AFIP había retirado de esa zona sus puestos de control al igual que la Dirección General de Aduanas, pues se suponía que la frontera estaba cerrada, con lo cual la tarea del Escuadrón 54 pasó a ser clave en materia de control.

Al explicar el rol de Crosa, el fiscal se refirió al efecto que tuvo una notificación dirigida desde el Escuadrón 54, la que fungió como una carnada para forzar un encuentro entre el finquero y Páez, en el que ambos acordaron nuevas tarifas y la modalidad de paso de los camiones se perfeccionó.

Incluso, y según surge de los audios, el finquero disponía de las patrullas a través de Páez y lo hacía para controlar a los camiones que no se sumaban al peaje espurio que habían instalado.

Un tropiezo

Esta modalidad, sin embargo, tuvo un tropiezo que fue letal para los acusados. "Sucedió el 12 de marzo del 2021, cuando dos camiones pasaron fuera del horario estipulado y fueron detenidos por una patrulla del Escuadrón de Santa Victoria", explicó el fiscal.

Este hecho, motivó que Torrico subiera al escenario en busca de liberar los camiones, los que llevaban aceite de soja. Con ese motivo, contactó a Crosa y le pidió su intervención, quien se contactó con Páez para recuperar los rodados.

Torrico, en su desesperación, se presentó en el procedimiento e intentó hacer valer un supuesto "arreglo" ya pactado con el Escuadrón 54, lo que despertó sospecha y llevó a los gendarmes a consultar el caso con la Sede Descentralizada de Tartagal, la que ordenó la detención y secuestro de los celulares.