Más de dos años transcurrieron desde que un grupo de 250 mineros en su mayoría de Orán, que trabajaban para la empresa EDVSA, tercerizada de la multinacional Mansfield, se encadenaban en las puertas de la Catedral, pidiendo por su reincorporación tras ser despedidos durante la cuarentena.

En ese contexto y para levantar las medidas, hubo un compromiso por parte de las autoridades para incorporarlos en las distintas empresas mineras, que hasta el momento no se cumplió.

Nuevo Diario dialogó con el vocero de este grupo, Ramiro Frías, quien hace dos años estuvo al frente del acampe minero: "La situación de todos los trabajadores es malísima y así la vivimos desde hace más de dos años", señaló y recordó que: "Había un compromiso del gobernador Gustavo Sáenz, de Alfredo Batule, en ese momento al frente de la Secretaría de Trabajo, de Jorge Guaymás, que estaba como referente de trabajo a nivel nacional, de que nos iban a ir tomando paulatinamente y que lo único que hicieron fue quebrar la lucha minera con esta estrategia".

"Nunca más volvimos a trabajar", sentenció Frías y anticipó que analizan trasladarse y acampar nuevamente en Salta Capital.

Teniendo en cuenta el fuerte impulso que la provincia está dando actualmente a la actividad minera, lo que solicita este grupo de trabajadores especializados es la incorporación de algunos de ellos de manera paulatina: "lamentablemente sabemos que se nos cerraron todas las puertas y que hay una clara persecución, entre otros hacia mi persona, con una orden de que no se nos tome en ningún lugar de la provincia", manifestó.

El representante de este sector indicó también que el reclamo ya llegó a oídos de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación: "No queríamos llegar a esta situación, pero nuestra situación es insostenible".

"El gobernador hoy quiere ser reelecto y es nuestra oportunidad de hacerle saber que nunca van a quebrar la lucha, y recordarle aquellos cinco meses en los que estuvimos pasando hambre y frío por un compromiso que hoy es totalmente vacío", concluyó.