El gobierno provincial promulgó un decreto en el Boletín Oficial de la Provincia donde se reglamenta un protocolo de acción para las fuerzas de seguridad e incluso para los medios de comunicación que participen en la cobertura de manifestaciones sociales que impliquen el corte de circulación.

El decreto firmado por el gobernador y que se dio a conocer en la mañana de hoy, plantea la forma en que las fuerzas de seguridad provinciales deberán actuar frente a las manifestaciones sociales que impliquen cortes de ruta y la imposibilidad de la libre circulación de las personas.

El Ministerio de Seguridad y Justicia fue designado como el principal responsable de coordinar los operativos con intervención de la fuerza.

En primer lugar, el Jefe de Policía deberá elevar un informe donde de cuenta de los reclamos de los manifestantes, para que así sea el ministro Marcelo Domínguez quien convoque a las áreas de gobierno pertinente y se designe a una persona para la negociación.

El decreto prevé que primero deberá despejarse la ruta por parte de la policía, con uso de vallas con uso preventivo. Además, en caso de llegar al uso de la fuerza, se definió que debe restringirse a los usos mínimos.

El operativo deberá respetar los principios de legalidad, oportunidad, último recurso frente a una resistencia y gradualidad. A la par, los oficiales y efectivos que participen deben tener una identificación de su nombre.

Habrá un Jefe del Operativo de Seguridad y un Jefe de Supervisión que deberá controlar los principios que establece el decreto. Además estos pondrán disponer de los recursos disponibles en la zona para garantizar el despeje del corte.

En el caso de los medios de comunicación, los mismos podrán cubrir las manifestaciones pero sin “obstaculizar” el operativo.

Una vez realizado el despeje, iniciará la negociación y se deberá firmar un acta con todos los presentes.

El fiscal Eduardo Villaba quien participó de un encuentro sobre el tema, sostuvo que el decreto fue reglamentado exclusivamente del armado del decreto y que las partes como la Fiscalía Federal o la Procuración no formaron parte del texto que finalmente quedo definido.

Sin embargo en diálogo con Radio Nacional, el letrado consideró que es imposible el uso de la fuerza porque cada vez que el estado utilizo este mecanismo hubo muertes. “El fiscal no puede desentenderse de las consecuencias de sus decisiones”, reflexionó. Según Radio Nacional Tartagal hubo 50 piquetes en el departamento San Martín solo en enero.