El máximo tribunal de Justicia de la Nación liberó oficios para el Estado Nacional y los gobiernos provinciales de Salta y Jujuy, en el marco de la resolución de un amparo colectivo presentado por comunidades originarias que busca impedir la exploración y explotación de Litio en la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes.

La resolución del tribunal a la que pudo acceder Nuevo Diario fue firmada por el presidente del órgano Horacio Rosatti y acompañado por los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

El cuerpo requirió que la Provincia de Salta presente copia de todas las autorizaciones de permisos de exploración y explotaciones mineras otorgadas por la autoridad administrativa que haya intervenido; de las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin, de los recursos, impugnaciones, denuncias recibidas contra dichas autorizaciones y/o frente a las situaciones de permisos mineros.

Mismos requisitos fueron pedidos a la Provincia de Jujuy y al Estado Nacional.

Los oficios fueron librados en el marco de una acción de amparo que inició la Comunidad Originaria de Santuario de Tres Pozos, acompañados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En concreto, las comunidades originarias de la zona reclaman por la explotación de la cuenca hídrica Salinas Grandes-Guayatayoc, que comparten las provincias de Salta y Jujuy; y que abarca desde el sur de San Antonio de los Cobres y el norte de la localidad de Abra Pampa.

El reclamo de las comunidades se basa en la falta de una gestión integral de la cuenca, es decir de ambas provincias y afirman que las autoridades y las empresas involucradas no realizan una adecuada evaluación de los impactos ambientales.

Además en el amparo “que se avanza con la actividad sin previsiones ambientales” y acompañaron la presentación con estudios técnicos que destacan que los reservorios de agua dulce de la zona se han “salinizado” tras la aparición de los proyectos de exploración de litio, tras la explotación de los salares y sus reservorios de salmueras.

Esto según señalan desde la parte demandante, afecta el derecho al acceso al agua, recurso ya escaso en la zona de la Puna debido a la falta de precipitaciones y el ambiente de la zona.

En concreto el amparo busca una medida cautelar de no innovar y que suspenda todos los actos administrativos que promuevan y autoricen la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca, y se ordene una gestión integral del manejo entre las provincias.

A la par se pide “que se efectúe una línea de base de la cuenca y luego la Evaluación de Impacto Ambiental adecuadas para el ecosistema y la actividad en cuestión”. A todo esto se suma, “la conformación de un comité de expertos independientes, con participación de especialistas a designar por las partes, que estudien con un enfoque ecosistémico de hidrología, la biodiversidad y los aspectos socioculturales de la Cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc”.

La Corte pidió que Salta envíe esta documentación en el marco de evaluar si da lugar a la medida cautelar que piden las comunidades y procede a generar un plan ambiental de gestión integral del manejo de los acuíferos de la zona, que puedan verse afectados por la actividad minera en torno al litio.

Una medida cautelar de suspensión de la actividad sería un golpe duro para las inversiones mineras que proliferan en la zona de la Puna Salteña.

La falta de control en cuanto a las explotaciones de litio –en torno a lo ambiental y a las regalías que generan- han sido reclamos que legisladores nacionales como Lucas Godoy ha impulsado en el Congreso de la Nación.

El debate en torno al manejo del litio suma un capítulo más que debe esperar la resolución del máximo órgano judicial de la Nación.