La Justicia ordenó a Edesa pagar al Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp) más de 18 millones de pesos en el plazo de tres días. El monto corresponde a la Tasa de Fiscalización y Control de enero de este año.

El juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3, Gabriel Chibán, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Enresp en el marco de una acción de amparo. El Enresp adujo que la empresa Edesa "de manera arbitraria e ilegal incumplía con su obligación de pagar dicha tasa", lo cual genera perjuicios graves, altera el normal funcionamiento del organismo y derechos fundamentales y garantías institucionales.

"Efectivamente le ordenaron en el plazo de tres días a Edesa que deposite la totalidad del mes de enero de 2020, que es un porcentaje establecido como tasa de fiscalización. Esto es aproximadamente una suma de 18 millones de pesos. Antes de esto, Edesa realizaba compensaciones de hecho y eventualmente al Ente Regulador solo entraban 6 o 7 millones de pesos. Esto habla de lo que es cumplir con el acuerdo que tenía Edesa por una resolución del año 2006 y que por imperio de algunos acuerdos entre funcionarios de la gestión anterior no se cumplía acabadamente".

Y agregó: "Se hizo lugar a una cautelar. Esto quiere decir que el juez ha considerado que hay verosimilitud o al menos un color de derecho sólido como para avanzar en lo que es garantizar la tarea del Ente Regulador, que es preeminentemente de contralor".

El Tribuno intentó dialogar con autoridades de Edesa pero desde la empresa respondieron que por el momento no se darán declaraciones.

A favor

Saravia destacó que con esta resolución se comienza a revertir lo que se hacía con las compensaciones y que de ahí se avanza con el amparo formalmente dicho.

Aseguró que está abierto al diálogo. "Siempre hay una línea abierta para dialogar. La idea no es ser agresivos, simplemente contundentes en el derecho que tenemos", sostuvo.

Al ser consultado sobre los motivos por los que tuvieron que recurrir a la Justicia, Saravia respondió: "Primero, que públicamente han esgrimido que acá hay compensaciones que se tienen que dar solamente entre quienes tienen deudas recíprocas. Nosotros nunca le debimos nada a Edesa como ente autárquico que somos; ellos debían. Como la Provincia no le remitía plata del Fondo Compensador Tarifario que ya está depositada de la gestión anterior, ellos habían instaurado una práctica que era retener plata del Ente Regulador. Obviamente que esto no es legal al punto tal de que hay una investigación en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos para determinar si es que existe un delito o no", agregó Saravia.

Reclamo

"Desde el momento en que nosotros no consentimos que haya una compensación porque nosotros no estamos reconociendo ninguna deuda respecto de Edesa, lógicamente acá tenían que traer toda la plata. Entiendo que Edesa se maneja por una estrategia de conveniencia que es garantizar que eventualmente en tiempo y forma se le retenga y así vaya, digamos recobrando la plata que esta vinculada con los subsidios de aproximadamente 30 mil personas en la Provincia".

De los 30 mil ciudadanos subsidiados de servicios de agua, cloaca y luz, son aproximadamente 17 mil los vinculados con el servicio de energía eléctrica, según informó Saravia.

Hizo hincapié en que "lo que nos impulsó a iniciar acciones legales es que querían continuar con esta práctica que para nosotros no era legal, y que atentaba contra el funcionamiento del Ente Regulador porque la ecuación económica para pagar sueldos y para pagar los gastos de funcionamiento no alcanzaban si no teníamos la previsibilidad de que nos pague en tiempo y forma y según manda la ley, fuera de que hay un convenio del año 2006 que establecía que Edesa tiene que pagar la Tasa de Fiscalización conforme lo que es la facturación del mes inmediato anterior al que se liquida y del 1 al 5 de cada mes".