Lo anunció ayer la titular de la Administración Federal de Ingresos Püblicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

La funcionaria precisó que estos reintegros serán hasta $700 mensuales por beneficiario, con un tope de $1.400 por hogar.

“Estamos trabajando con los listados del padrón de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) de todos los titulares de la AUH y de jubilación mínima, que se los daremos a las administradoras de las tarjetas de débito.

Esperamos más adelante incorporar a los usuarios de tarjeta alimentaria”, indicó Marcó del Pont. Remarcó que “esta medida supone asignar recursos fiscales de aproximadamente $5.000 millones mensuales”, y aclaró que “no es contra recursos coparticipables”.

"Esta decisión surge de un análisis crítico del fracaso del gobierno anterior de eximir del IVA a los alimentos de la canasta básica", señaló la funcionaria, quien sostuvo que esa “fue una decisión muy regresiva en términos distributivos con un costo fiscal del $3.000 millones mensuales que poco sirvió y que rápidamente fue consumido por el proceso de aceleración inflacionaria”.

Marcó del Pont precisó que: "Tendrá un impacto potencial sobre la AUH de hasta el 22,5% y del 4,5% para la jubilación mínima", aseguró la titular de la AFIP, quien indicó que “la medida estará vigente a partir del 1 de marzo y la devolución se hará en su cuenta en las 24 horas hábiles posteriores a la compra con tarjeta de débito, y no sobre el pago en efectivo".

La funcionaria también destacó que la AFIP tiene “el desafío de la formalización”, porque remarcó que “en torno al 20% de los sectores más bajos usa tarjeta de débito”.

“El objetivo es en los primeros meses, duplicarlo. Tenemos que hacer una campaña coordinada con el resto de los sectores públicos para facilitar el acceso a la formalidad y que los sectores no registrados puedan acceder a una cuenta", subrayó Marcó del Pont.

A la par del aumento de jubilaciones

La decisión del gobierno se conoció tras el anuncio del aumento a las jubilaciones, pensiones y beneficios sociales del viernes pasado, consistente en una suma fija de $1.500 y un alza del 2,3%. Según ese incremento, casi 3 millones de jubilados cobrarán haberes inferiores a que los que hubieran recibido en caso de haberse mantenido vigente la ley de movilidad jubilatoria, cuya aplicación fue suspendida por la ley de Solidaridad Social y Reactivación Inclusiva. Esa ley, destacó Marcó del Pont, también disponía la implementación el reintegro anunciado.

Diversos consultores economicos estimaron el ahorro fiscal de no aplicar la ley de movilidad para todos los jubilados en $5.500 millones mensuales, un monto similar a lo que el estado gastará en devolver los impuestos a los sectores de más bajos ingresos.

Asimismo, la semana pasada también se conoció el índice inflacionario de enero, que alcanzó el 2,3% con dos datos de gran impacto en el consumo de los jubilados. En el rubro salud, los precios cayeron un 2%, producto del acuerdo del gobierno con los laboratorios para contener los precios de los medicamentos. En el rubro alimentos, el alza se disparó al 4,7%, como consecuencia de haber eliminado la eximición del IVA en los productos básicos.

La AFIP trabajará en coordinación con el Banco Central, el ministerio de Desarrollo Social, el PAMI y otros organismos del estado para difundir las ventajas del reintegro y promover que jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales se acostumbren a hacer sus compras con la tarjeta de débito.