Un hombre que pasaba la droga desde Bolivia recibió la misma pena, en tanto que el hijo de la mujer recibió tres años de prisión. Las penas fueron impuestas en un juicio abreviado. Quedó probado que la ahora condenada negociaba la adquisición de cocaína y marihuana con proveedores del vecino país, coordinaba el paso por la frontera y su traslado a la capital provincial mediante encomiendas o vehículo, y la entrega final a revendedores en un shopping.

En el marco de un juicio abreviado, la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, condenó el martes pasado a 6 años de prisión a María de los Ángeles Yanamari por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en calidad de coautora.

En el proceso la misma pena fue impuesta para Fabricio Raúl Urzagaste por idéntico delito, mientras que Justino Jaime Sorrigueta, hijo de Yanamari, recibió 3 años de prisión de ejecución condicional también por la misma calificación, pero en calidad de partícipe secundario. Las condenas fueron instadas por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Florencia Altamirano, de la Unidad Fiscal Salta.

La sentencia ordenó además el decomiso de siete teléfonos celulares y de una suma de 450 mil pesos. Se dictó el en una audiencia de acuerdo pleno, en la cual la fiscalía brindó precisiones de la meticulosa investigación llevada adelante desde el 3 de marzo de este año.

Según lo expuesto por la auxiliar fiscal, la pesquisa se inició a partir de un informe remitido por la Unidad de Procedimientos Judiciales de Salta (UNIPROJUSAL) de la Gendarmería Nacional. En el reporte se daba cuenta de la denuncia formulada por un individuo que no quiso aportar sus datos por temor a represalias.

La información indicaba que Yanamari adquiría desde su vivienda, en Orán, estupefacientes provenientes de Bolivia, ya sea marihuana o cocaína, y que disponía también al traslado de la droga hasta la ciudad de Salta y, en algunos casos, la entrega final a revendedores locales.

Abierta la investigación, la fiscalía dispuso las tareas de campo a través de las cual se confirmó la identidad de la principal acusada, pues sus vecinos dijeron que al domicilio de la sospechada llegaban muchos remises de Aguas Blancas que llevaban personas con mochilas y luego se marchaban.

Al cruzar el río Bermejo en un gomón, Urzagaste se topó con una patrulla de gendarmes y abandonó la mochila con 23 kilos de droga y se ocultó en una zona de montes. Desde allí, se comunicó con la mujer para que le envíe ropa.

La fiscalía describió que a partir de esta y de otras pistas avanzó con tareas de inteligencia criminal, que permitieron consolidar la hipótesis sobre el accionar de la imputada, sobre quien se estableció que ejercía un dominio total de toda la ruta de la droga desde su adquisición a partir de la negociación con proveedores del Estado Plurinacional de Bolivia.

La ruta de la droga

De acuerdo con la exposición de la fiscalía, las intervenciones telefónicas permitieron establecer el nexo que mantenía la mujer con Urzagaste, quien se encargaba de pasar la droga a través de la frontera, por lo general valiéndose de mochileros que cruzaban el río Bermejo en lancha o gomones.

La fiscalía añadió que, una vez en territorio nacional, la líder de la banda coordinaba el traslado a Salta mediante envíos de encomiendas o bien en vehículos. Una vez que llegaba a la ciudad, la acusada también concertaba la entrega final a los revendedores.

Esa información, describió, surge de un chat por vía WhatsApp que Sorrigueta, bajo instrucciones de su madre, mantuvo con una revendedora, con quien coordinó la entrega de drogas en el estacionamiento de un shopping ubicado en una zona residencial de la ciudad.

“Bueno, entonces ahí nomás, en el estacionamiento del subsuelo del NOA, porque es oscuro y no hay gente casi”, confirmó la revendedora en el mensaje. “De los diálogos transcriptos, surge que Sorrigueta coordinó el encuentro con una compradora de sustancias en el Alto Noa Shopping, y quien fue al encuentro fue su madre, María Yanamari”, explicó la auxiliar fiscal.

Precisó además, que, desde su teléfono, la acusada discutía asuntos vinculados a deudas de pago por otras transacciones de drogas por sumas millonarias. En efecto, citó el mensaje de la acusada para un comprador: “Yo no quiero tener problemas con nadie, ya que yo trabajo de esto, mantengo mi familia con esto”.

En la sentencia se ordenó también el decomiso de siete teléfonos celulares y de una suma de 450 mil pesos.

También puso de relieve otros chats, donde la mujer hizo alusión del alcance de sus negocios con la droga. “Yo acá tengo mucha gente, por eso los changos me vienen a buscar a mí; pero ahora me están dejando material que no está bueno. Pero cuando el material está bueno, yo tengo gente de clase media para arriba. No es por ser elitista, ni por discriminar nada, pero la zona en que vivo es de toda gente cheta, con plata…Yo soy totalmente aparte, soy independiente, soy mi propio jefe. Voy a Bolivia a buscar la mercadería”, citó la fiscalía. 

Detenidos

La fiscal auxiliar explicó que, a fines de julio pasado, pudieron conocer que Yanamari coordinaba el traslado de droga que había adquirido en el vecino país y de la operación para pasarla por la frontera para su posterior traslado a Salta.

Según se estableció, para ello se contactó con Urzagaste, quien, al cruzar el río Bermejo en un gomón, se topó con una patrulla de gendarmes y abandonó la mochila con 23 kilos de droga y se ocultó en una zona de montes.

Posteriormente se supo que el hombre se comunicó desde allí con la acusada y le pidió ayuda para que alguien le llevara ropa, puesto que estaba mojado. Después del rescate, Urzagaste se refugió en la casa de Yanamari. Un allanamiento al domicilio culminó con la detención de las tres personas implicadas.

En tanto, la descripción dada por la patrulla que sorprendió al pasador permitió constatar que se trataba de Urzagaste. Esos elementos de prueba y otros, en su mayoría extraídos de los teléfonos celulares, permitieron a la fiscalía la responsabilidad penal de la imputada y de los imputados, quienes reconocieron los hechos adjudicados y consintieron las penas propuestas. En vista de ello, la jueza Giménez dio por homologado el acuerdo.