Alberto Fernández ha anticipado la decisión de prolongar la cuarentena, de acuerdo a lo que exigen los infectólogos y sanitarias que lo asesoran.

La cuarentena que se va a extender, sin embargo, se encuentra fuertemente "relajada", según lo reconoce el propio gobierno. Esa violación del aislamiento no proviene de incumplimientos individuales. Es el resultado de la formidable presión de los capitalistas de la industria y del comercio, que no han cesado de arrancarle al gobierno nuevas "excepciones" o actividades "esenciales" que están lejos de serlo. La extorsión por la vuelta al trabajo ha sido reforzada con despidos (Techint) y suspensiones que sólo reconocen una parte del salario. La clase capitalista le ha advertido al gobierno que no está dispuesta a bancar el rescate de la fuerza laboral -sólo pagará salarios completos a los trabajadores que continúe explotando, aún a riesgo de sus vidas.

Todas estas presiones se han reforzado con el correr de los días. La casa Rosada ha sido "visitada" por la UIA; la Cámara de Comercio e incluso la burocracia de la CGT, acompañando los pedidos para levantar la cuarentena. El gobierno, sin embargo, está obligado a extenderla, bajo el peso inexorable de la catástrofe humanitaria que tiene delante de sus ojos, cuando se mira lo que ocurre en Estados Unidos, Brasil o Ecuador, donde los muertos se cuentan de a centenares y se amontonan en camiones. Una escalada de contagios y muertes, a raíz de un levantamiento prematuro del aislamiento, le plantearía al gobierno una crisis política de alcance imprevisible.

Pero más allá de la declaración de la cuarentena, el gobierno de los Fernández tiene límites sociales y políticos insuperables para asegurar su cumplimiento, no formal, sino real, es decir, asegurando las garantías sanitarias y económicas del caso para las grandes masas.

Esa incapacidad ha quedado de manifiesto en estos días, cuando las prepagas echaron por tierra el mero ¡anuncio! de una posible centralización del sistema de salud; cuando los monopolios alimentarios le arrancaron sobreprecios fabulosos al ministerio de Desarrollo Social, desautorizando de un plumazo a todo el sistema impotente de "controles de precios"; o cuando las cesantías de miles de precarizados y contratados, de un lado, y las suspensiones masivas, del otro, convirtieron en letra muerta al decreto que, supuestamente, prohibía os despidos y suspensiones.

Los capitalistas y sus voceros dicen que la defensa de la salud no debe "descuidar la economía", y con ese argumento defienden el regreso al trabajo, o sea, a la explotación de la fuerza laboral y a la circulación de sus capitales. Pero se trata de una completa impostura, porque "la economía" nacional ya se encontraba desquiciada bastante antes del coronavirus -el derrumbe económico no empezó con la pandemia, no. La clase capitalista se quiere servir de la actual emergencia, no para una "reactivación", que es inviable bajo el actual derrumbe económico internacional y local, sino para avanzar en un ataque estratégico contra la clase obrera. Un documento entregado por las "fuerzas vivas" de la clase capitalista al gobierno, días atrás, exigía la reforma laboral y un plan de despidos estatales, como parte de la emergencia.

A la luz de este escenario, es muy claro que el gobierno prolonga una cuarentena que ya se encuentra erosionada, y sin un planteo ni orientación para hacerla cumplir y asegurar que el sistema sanitario avance, en el interín, en la lucha contra la pandemia. El sistema de salud tiene a sus médicos y enfermeras en el límite de sus posibilidades físicas y laborales, cuando aún no llegamos al pico de contagios. Mientras tanto, la posibilidad de diagnósticos masivos ha fracasado: el gobierno que cumplió con todos los pagos de deuda pública no pudo reunir los fondos para aprovisionarse, en tiempo y forma, de los kits de prueba necesarios para un testeo a gran escala.

La cuarentena exige una acción estatal coercitiva que el gobierno es incapaz de hacérsela cumplir a los capitalistas. Esa coerción, por lo tanto, sólo puede ser el resultado de la iniciativa y la acción de los trabajadores en fábricas, hospitales, comercios y reparticiones, con un programa.

En vez de que la cuarentena se siga desgranando, es necesario asegurar el cierre de las actividades no indispensables, con los trabajadores percibiendo el 100% de los salarios. Parte de la industria parada debe ser reconvertida para atender a la emergencia sanitaria, para la construcción inmediata de hospitales, respiradores e implementos de seguridad sanitaria.

Los trabajadores que bancan la cuarentena trabajando -en hospitales, supermercados y fábricas "esenciales"- deben percibir un aumento o bono de emergencia, de acuerdo a su esfuerzo extraordinario.

Para terminar con el colapso sanitario, es necesaria la unificación de los sistemas de salud público y privado, bajo un comando común integrado por trabajadores electos de todas las ramas de la salud; la entrega de elementos de alta seguridad en hospitales y sanitarios; las 6 horas de jornada laboral y creación de un nuevo turno, mediante la incorporación masiva de médicos, paramédicos, enfermeras, residentes y concurrentes con salario y convenio.

Para que los subsidios a desocupados y precarizados no terminen engordando a los monopolios alimentarios, es necesario terminar con los sobreprecios y la carestía galopante, mediante la apertura de los libros de la gran industria y el comercio, bajo control de sus trabajadores. Los inventarios y las instalaciones de los especuladores y acaparadores capitalistas deben ser incautadas y puestas a producir bajo control obrero.

Los barrios deben ser asistidos con todos los elementos alimentarios y sanitarios para la vida de sus familias, bajo un protocolo de cuarentena barrial organizado y dirigido por comités barriales;

El Banco Central debe asumir la centralización efectiva de todas las operaciones del sistema financiero, convirtiendo al conjunto de los bancos estatales y privados en sus sucursales. Sobre esta base, debe asegurarse el pago integral de los salarios, la continuidad de la cadena de pagos y de todas las actividades productivas, a cuenta de las grandes corporaciones capitalistas y de sus tenencias en el sistema bancario.

La creación de una banca única es también un requisito para defender la desvalorización de la moneda, que representa una nueva confiscación a los trabajadores. Rechazamos la creación de cuasimonedas (patacones) provinciales, otra forma de devaluación, en este caso, a costa de los trabajadores del interior.

Deben cesar todos los pagos de capital e intereses de la deuda pública, para aplicar esos recursos a una defensa vigorosa del sistema sanitario y el sostenimiento de toda la fuerza laboral que debe ser preservada en la emergencia.

Discutamos un programa y las iniciativas de organización y coordinación necesarias para que la cuarentena sea asegurada por los trabajadores.