La intimación fue solicitada el jueves pasado a la tarde por la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, en una audiencia ante el Juez Federal Gustavo Montoya, tras obtener una medida cautelar que busca que la sucursal de EDESA en esa ciudad a fin de que presente un plan que resguarde a los usuarios en el horario de atención al público.

La medida se logró en el marco de una investigación abierta por la fiscalía por presuntas infracciones a las medidas dispuestas en torno a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, actuaciones que se iniciaron de oficio a comienzos de esta semana.

Al respecto, la auxiliar fiscal, María del Carmen Núñez, informó que esa fiscalía tomó conocimiento de las irregularidades que se sucedían en la atención al público, en la sede local de EDESA, las que a su vez fueron motivo de un recurso de amparo planteado ante el juez Montoya por un abogado particular.

En vista de esta presentación, el martes pasado, Núñez dictaminó por la competencia federal del amparo, no obstante, el magistrado rechazó el recurso, aunque giró las actuaciones a la fiscalía, la que solicitó una audiencia a Montoya, pues ya había iniciado una investigación preliminar de oficio.

En respuesta, el jueves se celebró una nueva audiencia, en la cual la auxiliar fiscal expuso las actuaciones iniciadas previo a la presentación del amparo por supuestas infracciones de EDESA a las normas establecidas para el resguardo de la salud de la población, las mismas contenidas en los decretos de necesidad y urgencia 260, 297 y sus modificatorias.

Pruebas

Núñez señaló ante el juez que se reunieron elementos de pruebas que permiten seguir adelante con la investigación penal, no obstante y ante la necesidad de dar cumplimiento a las medidas de resguardo sanitario dispuestas, solicitó al juez una medida cautelar que permita garantizar ese derecho a la salud a los usuarios durante el horario de atención al público por parte de EDESA.

La medida encontró fundamento en una serie de pruebas expuestas respecto a las medidas sanitarias, entre ellas el distanciamiento social que debe existir entre las personas, lo que llevó al magistrado a otorgar la medida cautelar.

En vista de ello, la fiscalía intimó formalmente esta tarde a la empresa a fin de que presente un plan integral y adecuado a las normas sanitarias vigentes para la atención de los usuarios, y que el mismo alcance a todo el grupo etario, sea tanto jóvenes como personas mayores.

Se espera que para la próxima semana, los directivos de la empresa presenten un plan integral acorde a las medidas exigidas desde la fiscalía, la que deberá revisar el mismo antes de avalar la reapertura de atención al público.