La delegación de la Policía Federal en Orán , uno de los puestos de avanzada de las fuerzas estatales en la frontera “caliente” con Bolivia, quedó en la mira de la Justicia. La semana pasada la Unidad Fiscal de esta provincia encomendó a la Gendarmería un allanamiento en la dependencia, a partir de datos precisos que fortalecían la sospecha de que desde allí se fraguaban graves irregularidades, incluidas extorsiones a comerciantes con falsos operativos, robos de mercadería en tránsito e, incluso, maniobras vinculadas al narcotráfico . Ya hay dos uniformados con prisión preventiva, otros dos ya declararon y tienen prohibido salir de la localidad. Pero, en rigor, los 70 efectivos que revistan en ese destacamento situado a solo 40 kilómetros del límite internacional están bajo investigación: desde los jefes hasta el último suboficial.

“Si bien las personas individualizadas son cuatro, estamos investigando a todos los miembros de la delegación porque nos llamó mucho la atención cómo se movían, con cuánta libertad. No rendían cuentas a nadie y, por ejemplo, viajaban a Bolivia”, dijo a LA NACION una calificada fuente de la pesquisa.

Los cuatro efectivos formalmente imputados en la causa en trámite -que está en secreto de sumario- fueron indagados por los delitos de asociación ilícita, robo, abuso de autoridad y tráfico de estupefacientes. Como se dijo, dos están con prisión preventiva y el resto quedó sujeto a la causa con medidas de coerción: no pueden salir de Orán y deben permanecer en sus casas a disposición del juez y del fiscal de forma permanente. Están en un virtual arresto domiciliario.

Con respecto a los allanamientos en la ciudad de Orán, realizados por la Gendarmería el jueves pasado, uno de los funcionarios judiciales que participa de la dirección de la investigación confirmó a LA NACION : “No pudimos determinar que esta delegación de la Policía Federal esté oficialmente muy activa. Tampoco pudimos determinar cuáles son las investigaciones que están llevando adelante. Eso llama mucho la atención en una ciudad muy conflictiva como Orán”.

Si bien la investigación se encuentra en un momento clave y de extremo hermetismo, LA NACION pudo saber que se inició un segundo expediente tras estos allanamientos, porque desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) buscan determinar ante quiénes responden los cuatro policías hasta ahora formalmente acusados por robo y tráfico de drogas: “Hay hechos comprobados, declaraciones de testigos de identidad reservada, y también declaraciones judiciales de otros narcotraficantes” en calidad de colaboradores imputados o, como coloquialmente se los llama, “arrepentidos”.

Según los datos a los que accedió LA NACION , estos policías acusados cometieron algunos errores que llamaron demasiado la atención. En primer lugar, fueron sorprendidos intentando circular en plena cuarentena con oficios de jueces federales que -por su fecha- carecían de validez. “Esas eran sus llaves para entrar en distintos lugares”, explicaron los investigadores.

Falsa compra y emboscada

En cuanto al procedimiento que derivó en las detenciones de policías y en el allanamiento de la delegación, el MPF informó en su portal de comunicación institucional fiscales.gob.ar que el fiscal federal Eduardo Villalba formalizó la investigación penal ante el juez federal de Orán, Jorge Montoya, a través de una videoconferencia. Al término de la audiencia virtual se dispuso la prisión preventiva para dos de los policías y medidas de coerción para los dos restantes y se autorizó una serie de pesquisas y medidas de obtención de prueba con el fin de “alcanzar a otros posibles implicados”

Villalba señaló que las actuaciones, impulsadas por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), se iniciaron a partir de la denuncia de un comerciante de Orán acerca de “un falso procedimiento llevado adelante por los acusados, quienes se apoderaron -de esta manera- de 50.000 pesos y 53 kilos de hojas de coca”, un producto que en el NOA es de uso extendido y habitual entre la población, para la cual es tradición y hábito el coqueo y el uso de la hoja en infusiones.

Las probanzas llevaron al fiscal federal a dar por hecho que los hechos investigados comenzaron “en los primeros días de abril, cuando el denunciante, propietario de un local de comidas y conocido vendedor de hojas de coca, subió a las redes sociales una oferta al respecto” y que “tras una negociación, se acordó la venta a otra persona”.

Según expuso Villalba, la transacción “se acordó en la avenida Fassio, en cercanías de un corralón de la ciudad, lugar al que el comerciante llegó con una suma de dinero de 50.000 pesos”, hasta que “uno de los acusados, que se movía en su camioneta, apareció y ascendió al rodado del denunciante con una mochila donde supuestamente llevaba el dinero para concretar la operación”.

En ese momento, añadió el fiscal en su dictamen, “apareció un vehículo no identificado de la Policía Federal, del cual descendieron efectivos, solicitaron la documentación del vehículo y terminaron llevándose el dinero del denunciante, 53 kilos de hojas de coca y la mochila con el dinero que llevaba el hombre que se había presentado con el apellido ‘Rueda'”.

Según precisó el comerciante en su denuncia ante la fiscalía, “los policías federales se llevaron el dinero y las hojas de coca a cambio de no secuestrar los vehículos de ambos, pero, en realidad, todo fue un montaje armado por los acusados para apoderarse de la mercancía que el comerciante portaba y, de paso, el dinero que tenía”.

Con los datos aportados por el denunciante, el fiscal Villalba identificó a los policías implicados en la maniobra ilegal como Helvio Rodrigo Reyes (el tal “Willy Rueda”), Gonzalo Damián Díaz (alias Wichi), Robinson Sebastián Orellana y Nicolás Rivero, todos numerarios de la delegación Orán de la Policía Federal.

El jueves 16, por indicación del fiscal, y con la anuencia del juez Montoya, la Gendarmería ejecutó varios operativos, entre ellos, allanamientos en la sede de la División Antidrogas de la Policía Federal en Orán y en los domicilios de los cuatro agentes acusados, que en esa oportunidad fueron detenidos.

“Rapidez para delinquir”

Sostuvo Villalba que los acusados “conformaron una organización dirigida a poner los recursos del Estado en provecho propio”; señaló, además, que son “efectivos cuya foja de servicio evidencia una evidente inactividad en materia investigativa, aunque sí rapidez para delinquir aprovechándose de la función pública en ellos confiada por los vecinos de Orán”.

El fiscal también destacó que además de las “pruebas que los comprometen” en aquella extorsión sufrida por el comerciante gastronómico y cocalero, existen “otras evidencias que aún deben ser investigadas en profundidad, pues se colectaron indicios de movimientos de los acusados en provincias limítrofes y en Bolivia, que habrían hecho en calidad de ‘comisionados por una autoridad judicial’, lo cual ya fue desmentido, al menos, por un magistrado”.

Villalba explicó que los acusados manipulaban oficios judiciales, con los cuales “se abrían paso en provincias vecinas” y que, por ejemplo”, “se pudo establecer que intentaron ingresar a Formosa con un oficio judicial del juez Montoya, pero el mismo ya había perdido vigencia”.

Según informó el Ministerio público en fiscales.gob.ar , “tras la vista de las partes, el juez Montoya se inclinó por los argumentos de la fiscalía, por lo que dispuso rechazar la nulidad esgrimida por la defensa, hizo lugar a la formalización de la investigación con un término de cuatro meses, ordenó la prisión preventiva de los policías Díaz y Reyes por 30 días, como así también autorizó las medidas probatorias requeridas” por el funcionario judicial de la acusación.

Territorio propicio para las actividades ilegales

Para los habitantes de San Ramón de la Nueva Orán, una localidad que, por su situación geográfica, cercana a la porosa frontera con Bolivia, ofrece un contexto propicio para actividades comerciales informales, la corrupción de funcionarios estatales no es una novedad. Aquí operó durante casi 20 años la asociación ilícita que desde el juzgado federal de esa ciudad del norte salteño comandó el exmagistrado Raúl Reynoso, ya condenado a 13 años de prisión por recibir sobornos para liberar a narcotraficantes.

Como publicó LA NACION en marzo de este año, en esa ciudad de la frontera salteña, las actividades ilegales generaron una expansión de los violentos grupos locales dedicados al tráfico de cocaína, que intentan apropiarse a sangre y fuego de las rutas de distribución.

Por otro lado, ante la preocupante situación de producción de droga en Bolivia, en enero de este año, la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc) instó al gobierno de Bolivia a “aumentar el resguardo de los puestos fronterizos del país y fortalecer la interdicción en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, donde se halló la mayor cantidad de sustancias”.

Estadísticas oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia (Felcn) confirman que durante 2019 en ese país, uno de los principales productores de droga del mundo, fueron confiscados al menos 15.556 kilos de cocaína y 245.299 kilos de marihuana, en operativos que culminaron con 3500 detenidos y la destrucción de 900 centros de fabricación de estupefacientes.