El departamento de Orán concentra una de las mayores regiones productivas de la provincia, luego del departamento San Martín, en donde la crisis de covid-19 aceleró los procesos de degradación de los municipios: poca coparticipación, desocupación, pandemia y dengue. Las crisis políticas en Colonia Santa Rosa, la ciudad de Orán y Urundel son un caldo de cultivo.

Pablo González va a cumplir cinco meses de gestión en la intendencia de la ciudad de Orán, y ya es reticente al diálogo con la prensa. Por más esfuerzos realizados desde este medio para dialogar, el intendente no ha respondido los mensajes, ni los llamados; no parece estar dispuesto a dar explicaciones sobre el tarifazo municipal que impuso, por un lado, pero, sobre todo, por la crisis que parece haberlo distanciado, en los hechos, del ejecutivo provincial. 
Cuando Gonzáles asumió el 10 de diciembre de 2019 denunció una deuda en el municipio cercana a los mil millones de pesos, sin embargo, luego de los fuegos de artificio no ha presentado ninguna denuncia formal contra su antecesor Marcelo Lara Gros. Lo que sí ocurrió en febrero, fue un fallo de la Corte de Justicia de Salta, contra un aumento de la UTM (Unidad Tributaria Municipal), que había sido aplicada en 2017 por Lara Gros, por inconstitucional y no solo cae sobre el municipio la responsabilidad de reintegrar a los vecinos esas tasas municipales que se cobraron durante más de dos años, sino que, se retrotrajo el valor de la UTM a su estado original en 2017: $2,60. 

El impacto que esta nueva situación produciría al ingreso municipal motivó al intendente a declarar un nuevo impuestazo para llevar la UTM de $2,60 a los $6 en diciembre de 2020. González presentó un proyecto de DNU al Concejo Deliberante dos días antes del inicio de las sesiones ordinarias con la seguridad de que el mismo sería aprobado con su bloque de siete concejales, entre ellos el presidente del Concejo. Pero frente a este debate, el Concejo estalló. El bloque de siete concejales con el que asumió González se partió entre “Salta tiene futuro” con cuatro concejales, entre ellos el presidente del concejo, fiel a la diputada Hucena. El intendente conservó solo a tres de los siete que tenía. Y por otro lado, hay tres concejales del Frente Todos y un concejal de la UCR.  

La crisis
El DNU de González ya fue puesto en vigencia, el intendente salteó el debate y el cuerpo legislativo solo pudo tener una sesión antes de ingresar a la cuarentena en la que acordó por mayoría, modificar el DNU, llevando el valor de la UTM a sólo $3. Sin embargo, la legislación establece que el Concejo debe convocar una audiencia pública para la comunidad y luego un segundo tratamiento de la ordenanza para aprobar o rechazar. Lo debe hacer en el plazo de 45 días hábiles desde su presentación, de lo contrario, la ordenanza entra en vigencia. La cuarentena y la extensión de sus plazos jugó en contra ya que, la audiencia pública estaba fijada para el 22 de abril y la segunda sesión para el día siguiente.

El comité de emergencia de Orán recomendó al Concejo suspender la audiencia que implicaría la concentración de vecinos en el recinto. Pero el presidente, Lucas Tevez, de todos modos, sostuvo la convocatoria y “adulteró documentos” para autorizar la circulación de las personas. Esta acción motivó la renuncia del Secretario Legislativo, Carlos Manzur, por un lado, y por el otro, una denuncia penal contra Tevez por parte de asesores legales del Ejecutivo municipal.