En Salta, durante plena cuarentena, se desforestaron 1194 hectáreas. La única provincia que la supera es Santiago del Estero, donde se deforestaron 3222 hectáreas. Las otras dos provincias que le siguen a Salta son Formosa (1132 hectáreas) y Chaco (1017). Sólo estas cuatro provincias concentran el 80% de la deforestación del país.

La emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial de Covid-19 no detuvo el daño ambiental: sólo en el último mes se desmontaron en cuatro provincias del Norte Grande (NEA-NOA) más de 6500 hectáreas.

“Es irresponsable y hasta suicida que, frente a la crisis sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

“Las actividades agropecuarias estaban exceptuadas de cumplir la cuarentena desde el principio –explica Giardini–, y desde hace una semana están permitidas las actividades forestales, como pueden ser los madereros, el carbón, una tala controlada. Lo que hacen las topadoras es otra cosa: convertir un bosque en un cuadrado pelado para pastura de vacas o cosecha de soja. El desmonte no es una actividad esencial y realizarlo en este contexto es un delito penal”.

La publicación del informe de Greenpeace provocó reacciones dispares de los gobiernos provinciales.

Santiago del Estero y Formosa aún no se expresaron públicamente. Chaco, en cambio, reconoció a través del subsecretario de Desarrollo Forestal, Luciano Olivares, áreas desmontadas durante la vigencia del aislamiento obligatorio, por lo que aplicó sanciones y prometió más inspecciones.

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, se desentendió del tema al considerar que el Ejecutivo provincial no tiene el “poder de policía” necesario para evitar los desmontes en cuarentena.

Greenpeace criticó al funcionario provincial, haciendo hincapié en que como expresidente de la Federación de Entidades Rurales de Salta “está acostumbrado a defender los intereses de los grandes terratenientes porque también son los suyos”.

“No sorprende que uno de los que usufructuaron esa carta blanca haya sido el presidente de la Sociedad Rural salteña, Ignacio García del Río, dueño de una finca ubicada en el departamento San Martín, donde más de cien hectáreas fueron deforestadas después del 20 de marzo”, señalan desde Creenpeace.

Para Giardini, “si el Estado no manda a la policía a controlar los campos, no lo va a hacer nadie.