El escándalo por el cobro del IFE por parte de concejales y autoridades de Salta sigue dando que hablar. La causa se encuentra ahora en manos de la Justicia Federal y se espera que avance para saber a ciencia cierta qué sucedió. 

En mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal de Salta tomó intervención a raíz de la publicación en la que se mencionó que el concejal de Guachipas, Héctor Cari, habría cobrado personalmente el beneficio nacional conocido como IFE. Al advertir tal situación, se dispuso la intervención de oficio y se logró determinar que efectivamente el edil había accedido a tal subsidio. Ahora todo quedó en manos de la Justicia Federal,dentro de este escenario, el fiscal federal Toranzos, en diálogo con Multivisión dijo que pueden caber penas de 2 a 6 años de prisión. “La causa está enmarcada en defraudación a la administración pública, porque cobraron indebidamente un dinero que no les correspondía. Por esto pueden caber penas de 2 a 6 años de prisión”, sostuvo.

Toranzos agregó que la Justifia Federal pudo obtener información digital de las personas que se inscribieron y solicitaron el IFE. “Tenemos 53 casos sospechosos y pudimos discriminar tres grupos: los que pidieron y los rechazaron; aquellos que les aprobaron y no cobraron y los que estaban habilitados para cobrar y lo hicieron”. Agregó que se busca determinar el lugar físico desde donde se realizó el pedido.  “Por eso estamos buscando el IP para hacer un seguimiento, verificando el espacio físico desde donde se hizo, donde se cobró, a qué hora y en qué lugar”, sostuvo el fiscal.

Ayer en horas de la mañana, el fiscal federal, Ricardo Toranzos, dispuso una medida de entrega de información por parte de la Anses Salta respecto a los trámites que habrían realizado concejales, legisladores, funcionarios y demás a fin de cobrar el IFE.

Con investigadores del área de Delitos Económicos de Gendarmería y del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, esta diligencia, que consta en la verificación de información de dichos trámites en las computadoras del organismo, se llevó adelante en las mismas oficinas, aunque se aclaró que no se trata un allanamiento sino de una medida denominada "orden de entrega de información", la cual fue solicitada por la fiscalía al juez de Garantías, entre otros diligencias judiciales en el marco de la investigación.