El ex intendente de Aguaray es uno de los 11 imputados que tiene la investigación penal que se lleva adelante desde febrero pasado por el robo de caños del Gasoducto GNEA.

No obstante, y en vista del éxito de las medidas probatorias llevadas adelante en Aguaray, el fiscal general Eduardo José Villalba, quien está al frente del caso, solicitó que se impongan otras medidas de coerción en contra de Prado a fin de garantizar el cumplimiento de testimoniales que restan recibirse.

Villalba, de esta manera, cumplió con el compromiso tomado respecto al plazo de la prisión preventiva del ex intendente, la cual se había dispuesto, en una primera etapa, hasta el 6 de diciembre.

Luego, sin embargo, y dado los nuevos elementos probatorios reunidos por la fiscalía al comenzar a la toma de testimoniales en ese municipio, el fiscal solicitó una extensión, la cual fue fijada por el juez Montoya hasta el 18 de diciembre.

En vista de ello, el abogado Fernando Teseyra, defensor del ex intendente, presentó dos planteos para que se revoque la prisión preventiva y, de manera subsidiaria, se morigere por un arresto domiciliario. Ambos recursos fueron rechazados por el juez Montoya, por lo que el letrado impugnó los fallos.

Como consecuencia de ello, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones analizó los argumentos, tanto de la defensa como de la fiscalía, tras lo cual rechazó en ambos casos los recursos y confirmó la prisión preventiva hasta la fecha indicada por Montoya.

Prohibición

En víspera del cumplimiento de este plazo, y dado que las testimoniales tomadas revelaron otros aspectos que fundamentan la hipótesis criminal del caso, el fiscal solicitó una medida de prohibición de acercamiento para que Prado no pueda presentarse en las instalaciones de la Municipalidad de Aguaray.

A ellas, se sumaron otras más, como el compromiso de colaboración con la justicia y evitar cualquier acto que entorpezca la investigación penal, la prohibición de salir del país y comunicarse, cada 15 días, con la fiscalía a cargo del caso. Tras fundar la razón de estas medidas, basadas en la influencia y ascendencia que el ex intendente ejerce sobre los empleados del municipio, el juez Montoya dispuso hacer lugar a lo peticionado por la fiscalía, la cual avanza con la sustanciación de la imputación penal formalizada.