Con la ayuda de su pareja fuera de la cárcel, Raúl Ricardo “Coya” Rojas, fue acusado ayer de coordinar el almacenamiento de 341 kilos de droga en un barrio de Orán, desde su celda, en el Complejo Penitenciario III NOA, en General Güemes.

En la audiencia de formalización de la investigación realizada en los tribunales federales, se pudo advertir una fuerte custodia de las fuerzas de seguridad en torno a Rojas, un capo narco del norte provincial, quien tiene en su haber otra causa por 80 kilos de droga y un juicio pendiente por un crimen por encargo, hecho que también dirigió desde la cárcel.

El fiscal federal, Eduardo Villalba presentó formalmente la investigación ante el juez de Garantías 2, Miguel Medina, en una audiencia prevista por la Oficina Judicial. Tras identificar a los acusados, la fiscalía acusó a Raúl Ricardo Rojas y su pareja, Sandra Romero por el almacenamiento de 330 kilos de marihuana y otros 11 kilos de cocaína, droga que fue secuestrada en una vivienda ubicada en el barrio Aeroparque de Orán.

Villalba indicó que de las pruebas reunidas se pudo establecer que dicho domicilio era denominado entre los acusados como “La Iglesia”, inmueble utilizado para el almacenamiento de la droga, por lo que el fiscal precisó que esta conducta está contemplada en el artículo 5, inciso C de la Ley 23.737.

No obstante, agregó que la situación procesal de los acusados se agrava debido a que la investigación permitió establecer un accionar organizado y con la participación de más de tres personas, en función de lo establecido en el artículo 11 de la misma ley, con lo cual la escala penal oscila entre los 6 y 20 años de prisión.

En su exposición, el Ministerio Público Fiscal señaló que la maniobra fue coordinada desde la cárcel del Complejo Penitenciario III NOA, ubicada en la ciudad de General Güemes, donde Rojas cumple prisión preventiva por el transporte de 80 kilos de droga.

Almacenamiento

“Valiéndose de su pareja fuera de la cárcel, Rojas llevó adelante el almacenamiento de la droga, la cual esperaba a ser comercializada por los acusados”, indicó Villalba, quien resaltó que la investigación se inició el 31 de julio.
El fiscal resaltó la labor de las fuerzas que participaron en la investigación.

Respecto a la prueba reunida, resaltó no solo los elementos secuestrados, sino también diversas intervenciones telefónicas en las cuales los acusados quedaron incriminados.

Le llamaban “La Iglesia”

Así, la fiscalía indicó que, desde el 21 de noviembre pasado, surgieron escuchas en las que los acusados dieron cuenta de la existencia de la droga en un lugar llamado “La Iglesia”, entre las cuales se resaltó una en que Rojas preguntaba si “ya vinieron las flores”, refiriéndose a la marihuana.

También destacó el llamado de otro implicado a Rojas, en la que le informó sobre los allanamientos de Gendarmería Nacional. “Yo me salvé de pe…porque acababa de salir”, dijo esa voz.

En vista de estas pruebas, y otras más contenidas en el legajo, el fiscal formalizó la acusación en contra de Rojas y Romero, para quienes pidieron también la prisión preventiva, inicialmente, por el término de 90 días. Hizo hincapié en la necesidad de las medidas restrictivas de la libertad a fin de evitar el riesgo de fuga, en el caso de Romero.

Por otra parte, resaltó la contundencia probatoria, el esfuerzo realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad-Región Noroeste en la investigación, la cual aún no se encuentra cerrada. Además, recordó que, de seguir adelante el proceso, llegada la etapa de juicio, la posible condena a los acusados no sería de prisión condicional.

Las defensas de los acusados, en tanto, no objetaron los argumentos y planteos de la fiscalía, por lo que, al momento de resolver, el juez Medina dispuso abierto el proceso penal e hizo lugar a los pedidos realizados.