Desde ayer, el Tribunal Oral Federal N°1 comenzó a juzgar a Delfín Reinaldo Castedo; su hermano, Raúl Amadeo; su ex pareja, Melba del Carmen Araujo; los comerciantes Alberto, Luis y Mario Alberto Yudi; y el martillero público Eduardo Torino.

Todos ellos están acusados de conformar una asociación ilícita y realizar maniobras de lavado de activos de origen ilícito.

El tribunal está conformado por el juez Federico Santiago Díaz (presidente) y los vocales Marta Liliana Snopek y Mario Marcelo Juárez Almaraz, mientras que María Alejandra Cataldi, del Tribunal Oral Federal de Jujuy, lo hace en calidad de cuarta jueza.

El fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, del Área de la PROCUNAR NOA, llevan adelante la acusación penal. La Unidad de Información Financiera, en tanto, participa como querellante a través de las abogadas Emilia Figueroa y Sofía Karle.

El debate comenzó a primera hora con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y de la querella.

En la sala de audiencia solo estuvo presente Melba del Carmen Araujo, mientras el resto de los acusados participaron por vía remota. Los hermanos Delfín Reinaldo y Raúl Amadeo Castedo, desde el penal de Ezeiza, y el resto desde sus respectivos domicilios.

Concluida la lectura de los requerimientos de juicio, Eduardo Torino y Araujo pidieron prestar declaración. El primero, tras aclarar que no respondería preguntas, hizo un extensivo relato sobre su historial de trabajo, para luego referirse a cómo conoció a Delfín Castedo y en qué consistieron ciertos negocios realizados con el acusado.

En su relato, Torino en todo momento se mostró como un hombre trabajador, ajeno a los hechos ilícitos imputados en su contra, aunque reconoció que se vio implicado en la venta de la finca El Aybal, en el límite con Bolivia, operación inmobiliaria que llevó adelante a pedido de Castedo.

Un “mal negocio”

Aunque trató siempre de mostrase lejos del principal acusado, finalmente terminó por reconocer que debió, con ayuda de un escribano, realizar una operatoria para simular la venta, en la cual quedó como propietario real de la propiedad.

Negó el tenor de ciertas escuchas telefónicas y cualquier relación con hechos vinculados al narcotráfico y otras actividades adjudicadas al clan Castedo, entre ellas amenazas, operaciones de transporte de estupefacientes y el brutal homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006.

Admitió que sabía que su teléfono estaba intervenido por el Poder Judicial, pero aseveró que no estaba preocupado por ello, pues declaró que nunca hizo nada fuera de la ley. Insistió en mostrarse como víctima de un "mal negocio" respecto a la operación inmobiliaria realizada en torno a la finca de Castedo.

El rol que tenía cada uno de los acusados en la organización

Para la fiscalía, Delfín Castedo era el "jefe" de una asociación ilícita, de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y con capacidad para desarrollar operaciones de tráfico de manera frecuente.

Estas actividades se sucedieron en las provincias de Salta y Buenos Aires desde el 26 de noviembre de 1999 y tuvieron por finalidad la comisión de tráfico ilícito de estupefacientes y la conversión, transferencia, administración y venta de bienes provenientes de ese tráfico, con el objeto de que aquellos adquirieran la apariencia de origen lícito.

Además, se estableció que la asociación criminal también se dedicó a la perpetración de los delitos de amenazas, homicidio, tenencia de armas, cohecho, infracción a la ley de fronteras y falsificación y uso de documentos apócrifos.

En esta línea, se determinó que Alberto Yudi, su hijo Mario Alberto y Luis Yudi, hermano del primero, integraron la asociación ilícita en calidad de miembros, siendo los principales directores Delfín Castedo, su hermano Raúl como mano derecha y el ex diputado provincial Ernesto Aparicio, fallecido el 10 de noviembre de 2013.

Los Yudi, quienes se identificaron como una familia de comerciantes de Salvador Mazza, llegan a juicio acusados de participar de las diversas actividades dirigidas por los Castedo, quienes de acuerdo a la acusación se ocupaban principalmente de las actividades de narcotráfico. Para ello se encontraban en total armonía con los Yudi, en quienes se apoyaban financieramente, con dinero proveniente del narcotráfico.

Con respecto a Araujo y Torino, la fiscalía sostuvo que ambos acusados fueron miembros funcionales de la organización y que tuvieron un rol particular en el lavado de activos. Según la fiscalía, Torino, bajo las directivas de Castedo realizó diversas gestiones y actos de administración en la finca El Aybal, tendientes a alambrar el campo y dotarlo de agua desde una finca vecina, propiedad de Aparicio.

La acusación fiscal sostuvo que Torino también ejecutaba órdenes de Delfín Castedo para impulsar y lograr el desalojo de los ocupantes de ese predio, procurándolo por vías legales e incluso de manera espuria, pues de las escuchas surgen cierto "aprietes" y menciones de un alto funcionario de la justicia provincial sobre el cual tenían influencia.