CONCEJAL HIZO RENUNCIAR A TODOS MENOS A SU HIJA Y SU YERNO. DENUNCIAN EXTORSIÓN Y DEFRAUDACIÓN
CONCEJAL HIZO RENUNCIAR A TODOS MENOS A SU HIJA Y SU YERNO. DENUNCIAN EXTORSIÓN Y DEFRAUDACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Los vergonzosos hechos de corrupción política no dejan de aparecer día a día en el Concejo Deliberante de Oran. Al golpe parlamentario realizado por la UCR conducido por Alejandra Pato (ex presidenta) y Carlos Manzur (ex secretario legislativo) dónde obligaron a la mayoría de los empleados a renunciar, ahora se conoce que preservaron a sus más allegados y en particular a sus familiares nombrados.
Así lo asegura al menos dos de las damnificadas: “Carlos Manzur nos reunió en su casa donde estaba también Alejandra Pato y nos obligaron a renunciar como un acto de lealtad política de los 16 empleados. Nos dijo que, si renunciábamos a nuestros trabajos, más adelante nos volverían a tomar”, explicó Maira Benítez quien se desempeñaba como relatora.
A Maira manifestó su negativa a la renuncia, pero se sintió extorsionada ya que ella enfrenta una difícil situación familiar a partir del fallecimiento de su suegro “y cada ingreso de dinero a la casa es muy importante”, relató la mujer en diversos medios de comunicación.
Pero resulta que no obligaron a todos. Es el caso de Maira Berrondo hija de la concejal Alejandra Pato y su yerno Damian Barrios, ambos nombrados como secretarios de la ex presidenta, NO RENUNCIARON. “En la reunión en la casa de Manzur, donde se premedito el fraude un día antes, estaban todos los concejales de la UCR (menos CIntia Farfan), más los empleados junto a los familiares de los concejales quiénes arengaban a firmar las renuncias también, asegurando que lo iban hacer todos juntos, pero a la hora de entregar la nota no lo hicieron”, detalló Gabriela Rodriguez otra ex empleada del Concejo al tiempo que se mostró indignada.
Gabriela está bajo tratamiento de salud y necesita la obra social y el dinero del sueldo para comprar los costosos medicamentos. “Estoy muy decepcionada y molesta por lo que nos hicieron hacer, nos dijeron que iba ser por una semana y que luego nos volvían a tomar. Jugaron con nuestro trabajo y nuestras vidas”, sostuvo la joven ex empleada del Concejo.
DENUNCIA POR COHECHO Y PENAS HASTA 4 AÑOS DE CARCEL
A su turno el abogado Ariel Pomares (concejal MC y ex asesor legal del Concejo Deliberante) explicó los delitos en los que han incurrido Alejandra Pato y Carlos Manzur, como autoridades de la institución y en particular el mal accionar en perjuicio de los trabajadores del parlamento.
“Esto es fraude laboral, cohecho, delitos contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y más” sostuvo de forma contundente cuando fue consultado por la prensa local.
Pomares denunció que no se puede utilizar un cargo público para una “jugarreta política" y poner en jaque al parlamento por un capricho de mayorías, menos de esta manera, renunciando todas las autoridades al mismo tiempo y mucho menos obligar a renunciar al personal subalterno que vive de ese sueldo.
En Argentina, las leyes que regulan las acciones de fraude, cohecho y delitos similares están contenidas en el Código Penal y en otras normativas específicas. A continuación, algunos de los artículos relevantes:
1. Fraude laboral o abuso en relaciones de trabajo:
• Ley de Contrato de Trabajo (Ley N.º 20.744):
• Art. 63: Establece el principio de buena fe, y exige que las partes (empleador y empleado) actúen de buena fe y de manera transparente en sus relaciones.
• Art. 75: Señala las responsabilidades del empleador, incluyendo la protección de los derechos del trabajador.
2. Cohecho y delitos contra la administración pública:
• Código Penal de la Nación Argentina:
• Art. 256: Castiga el cohecho activo, es decir, cuando alguien soborna o intenta sobornar.
Según la Ley de Contrato de Trabajo, el fraude laboral puede ser denunciado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y también puede ser llevado a la justicia laboral. Si se comprueba que hubo fraude, el empleador puede ser sancionado con multas, obligado a pagar indemnizaciones o incluso enfrentar responsabilidades penales si se determinan delitos como la coacción. Las penas dependerán de la gravedad del caso y del daño causado a los trabajadores.
En el caso de que se demuestre fraude laboral o coacción por parte de la ex presidenta del Concejo y su ex secretario legislativo, las sanciones penales dependerán del tipo exacto de delito que se tipifique. En general, la coacción se castiga con penas de prisión que pueden ir desde seis meses hasta cuatro años. Si hay otros delitos involucrados, como abuso de autoridad o violación de deberes de funcionario público, las penas podrían variar según la gravedad y las circunstancias del caso.
Finalmente es importante indicar que el resto de los empleados parlamentarios que sigue trabajando aún están sin cobrar los sueldos ya que también renunció el personal del área contable y además a la falta de presidente no hay quien tenga la firma autorizada en el banco para el movimiento y transferencia de partidas.
La crisis en el Concejo Deliberante de Orán está lejos de resolverse y sobrevuela los fantasmas de una intervención mientras ya comenzaron a presentarse las denuncias penales.
