La oferta de canje de los bonos de deuda con legislación extranjera ha sido interpretada como la cuenta regresiva que llevará a la Argentina a dos salidas –o un arreglo de deuda o el defolt. En pocos días, el gobierno tendrá que afrontar un vencimiento de 500 millones de dólares de uno de los bonos que se pretende renegociar, y que el gobierno no va a pagar por considerarlo parte del canje. Si no se llega un acuerdo en treinta días –el plazo de gracia para pagar- el defolt será un hecho. Pero no es cierto lo contrario, a saber, que un hipotético acuerdo resuelva la crisis de deuda: la oferta que hoy está en cuestión representa solamente el 20% de la deuda pública argentina, que asciende a los 320.000 millones de dólares –el 90% del producto bruto.

La oferta del gobierno ha sido considerada menos “agresiva” de lo que, según se afirma, recomendaba el propio FMI. La propuesta de Guzmán sólo prevé una quita en promedio del 5.4% sobre el conjunto de los bonos a canjear, o sea, unos 3600 sobre los 69.000 millones que integran el paquete. En el caso de los bonos que provienen del canje de 2005, no habrá ninguna reducción de capital. La quita que los acreedores tildan de “hostil”, por lo tanto, se concentra en los intereses a pagar y en la prórroga de plazos. Los nuevos intereses representarían en promedio un orden del 2.5%, menos de la tercera parte de lo que se paga hoy por algunos bonos. De todos modos, el mercado financiero internacional está realizando emisiones a tasa cero. Para los bonos de vencimiento “largo”, el gobierno ofreció intereses de casi el 4%.

En la conferencia de prensa del jueves pasado, donde Fernández-Guzmán se rodearon de los gobernadores, hicieron alarde de una quita de intereses del orden del 62% sobre el "valor presente" de los bonos. El "valor presente” es el cálculo de lo que representarían, al día de hoy, los pagos futuros de capital e intereses descontados por una cierta tasa. Naturalmente, cuanto mayor es ésta, menor es el “valor actual” de la deuda. Según han informado, para llegar al 62% de quita asumieron una "tasa de descuento" del 12%, que es lo que se estima le costaría a la Argentina un hipotético préstamo en la actualidad. Es un cálculo envenenado, ya que un eventual arreglo debería desplomar esa "tasa de descuento", y con ella, la quita de intereses sería muy inferior.

El default

Bien mirada, por lo tanto, esta oferta implica una reducción mínima del capital adeudado, por un lado, y un flujo de intereses inferior al de la deuda actual, pero de alto rendimiento si se lo compara con las condiciones internacionales vigentes, del otro. Algunos observadores señalan que el gobierno tendría otra carta en la manga- agregar a la oferta un cupón asociado al PBI, esto es, el embargo de un hipotético crecimiento futuro en favor del capital financiero internacional. Mientras los más optimistas suponen un “regateo razonable” y un posible acuerdo final, otras señales apuntan a una bajada de pulgar sin atenuantes, esto es, que los acreedores precipitarían el defolt. Es el rumbo que anticipó la calificadora Fitch hace 24 horas, al bajar de rango a la deuda argentina. Las objeciones no están en el “punto más o menos” de quita de capital o intereses, sino en la real capacidad de pago de cualquier canje, por parte de un país en bancarrota y cuyas perspectivas fiscales y de obtención de divisas se encuentran decisivamente condicionadas por el derrumbe de la economía y el comercio mundiales. Al expresar su desconfianza, los voceros de los bonistas ponen de manifiesto la conducta esquiva del FMI, que no se “compromete” con un “arreglo global” de la deuda argentina. El “compromiso”, naturalmente, no alude a nuevos préstamos del Fondo a Argentina, sino a la imposición de un ajuste fiscal en regla. Es el caso del arreglo de la deuda de Ucrania con los fondos internacionales, que el FMI apadrinó a cambio de una dura reestructuración social antiobrera. Si el gobierno FF carecía de las condiciones políticas para imponer ese ajuste cuando asumió, hoy no puede siquiera sentarse a proyectarlo, en medio de la conmoción social y sanitaria planteada por el COVID 19. En este escenario, una fracción de los especuladores de la deuda argentina comienza a jugar otro partido –el de su judicialización, el cobro de los certificados contra defolt y, a término, el de una reestructuración política en Argentina.

Crisis política

La inviabilidad de un arreglo de deuda, y la consiguiente interrupción de cualquier forma de financiamiento para la burguesía, plantean una crisis en la organización política del Estado. Las condiciones brutales que deben generarse para el pago de la deuda comportan un problema de gobernabilidad, y así lo ven algunos acreedores. Según informa el periodista Bercovich, nada menos que el CEO del fondo BlackRock habría amenazado a Guzmán –siempre por Zoom, claro- luego de enterarse de la oferta argentina: “nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados”. El “tufillo golpista”, que anticipamos en estas páginas hace dos días atrás, tiene uno de sus escenarios en la cuestión de la deuda. Naturalmente, el cuchillo de la crisis política se introduce primero en la coalición oficial, que empieza a fracturarse bajo el llamado de los acreedores. A pesar de la insistencia de Fernández para que “sólo negocie Guzmán”, Sergio Massa y otros han comenzado sus propios chichoneos con los bonistas. La cuenta regresiva hasta el 22 de mayo –la fecha de un eventual defolt- tendrá lugar en medio de todos los tironeos por la cuarentena, que incluyen las presiones capitalistas por el retorno al trabajo pero, también, una intensa actividad de los trabajadores. Argentina se coloca en el epicentro de la crisis continental.